trajo novedades fundamentales para el futuro económico de Independiente. La justicia penal decidió ponerle punto final a la causa que investigaba presuntos mensajes intimidatorios contra Gonzalo Verón y su abogado.

Estas denuncias por amenazas habían sido incluidas por la defensa del futbolista como una rama secundaria de su millonario reclamo laboral, buscando condicionar el proceso donde el jugador exige entre 7 y 11 millones de dólares en concepto de deuda, intereses y compensación tras considerarse despedido por falta de pago.

El magistrado a cargo determinó que los mensajes denunciados no configuraron ningún delito, dejando sin efecto la estrategia legal que intentaba victimizar al demandante. Con este panorama despejado, la resolución judicial se enfocó en el núcleo del conflicto que desvela a los socios del Rey de Copas: el escandaloso juicio por una cifra astronómica que pone en jaque las arcas de la institución. El juez ordenó investigar de manera inmediata las irregularidades en la contratación original del delantero y, sobre todo, los motivos por los cuales el club fue declarado en rebeldía al no contestar la demanda en su momento.

Este nuevo foco de investigación remitió las actuaciones a la justicia de Avellaneda para determinar responsabilidades internas durante la presidencia de Hugo Moyano.

El fallo abre un precedente histórico ya que, de comprobarse un perjuicio deliberado o negligencia grave en la defensa del club, los integrantes de la Comisión Directiva de aquel entonces podrían ser obligados a responder económicamente de manera personal. De esta forma, los dirigentes que permitieron que el conflicto escalara hasta cifras impagables tendrían que afrontar la indemnización con sus propios bienes, quitándole al club una pesada carga que arrastra desde hace años.