La Conmebol abrió oficialmente el expediente disciplinario CS.O-123-25 contra Independiente y Universidad de Chile, tras los gravísimos incidentes ocurridos en Avellaneda el pasado 20 de agosto. En el escrito figuran cargos que, aunque aparecen bajo códigos de reglamento y artículos, en la práctica implican faltas graves a las normas de seguridad, a la organización del espectáculo deportivo y a la integridad del torneo.

A Independiente se lo acusa bajo los artículos 8.1, 8.2, 12.1 (con varios literales), 12.2 y 15.2 del Código Disciplinario, además de apartados específicos del Reglamento de Seguridad y del Manual de Clubes. En castellano, lo que se le imputa al Rojo es la falta de control en el operativo, el incumplimiento de medidas de prevención y la responsabilidad general que la Conmebol deposita en los clubes organizadores, aun cuando muchos hechos excedieron al control del local. A la Universidad de Chile, en tanto, se le aplican cargos similares, pero con especial énfasis en la conducta violenta y reincidente de su parcialidad.

La situación abre distintos escenarios posibles para el futuro inmediato. Uno de ellos es que se decida reanudar el partido con los 43 minutos restantes a puertas cerradas, una posibilidad que gana terreno porque permitiría "resolverlo en la cancha" y evitaría sanciones deportivas más drásticas. Otra opción es que se apliquen multas económicas y sanciones de estadio, tanto para Independiente como para la U, lo que significaría clausuras parciales o totales y la imposibilidad de recibir público en próximos compromisos internacionales.

El fantasma más temido, sin embargo, es la descalificación. Desde Asunción se desliza que hay dirigentes dentro de la Comisión Disciplinaria que plantean la chance de eliminar a uno o incluso a ambos equipos, lo que automáticamente clasificaría a Alianza Lima a los cuartos de final sin jugar. Un escenario de máxima tensión que, de concretarse, dejaría a Independiente en una situación deportiva e institucional catastrófica.

En Avellaneda sostienen que el descargo presentado la semana pasada, reforzado con testimonios, peritajes y videos, demuestra con claridad que la violencia se originó en la tribuna visitante, donde los hinchas chilenos destruyeron sanitarios y estructuras para arrojarlos hacia abajo, iniciando una lluvia de proyectiles que derivó en la suspensión. En Chile, en cambio, insisten en responsabilizar al Rojo y ahora incluso recurrieron a maniobras insólitas, como citar declaraciones irónicas de Julio Vaccari para acusarlo de "incitar a la violencia".

La definición, que se espera para los próximos días, será determinante no solo para saber qué club seguirá en la Copa Sudamericana, sino también para sentar un precedente histórico en la manera en que Conmebol sanciona y encuadra episodios de violencia en los estadios de la región.