Más allá del enojo que genera que un profesional se ensañe se esa manera económicamente con una institución, algo que va muchísimo más allá de un reclamo salarial justo, los acontecimientos dejan al descubierto una gestión dirigencial que merecería (en un contexto normal, claro está), la renuncia de todos los responsables.
No se le pagó al jugador, no se arregló su situación y lo que es peor aún, no se le contestó la demanda, dando lugar a que siga su curso y se transforme en el juicio más grande de la institución, con un reclamo que ronda los cinco millones de dólares.
Lejos de hacerse cargo, los dirigentes Rojos plantean que no recibieron la demanda porque la sede estaba cerrada por la Pandemia.
La última novedad, es que la justicia hizo lugar a un pedido del abogado del jugador, quien solicitó que sea embargado el ingreso por los derechos de televisación que tiene Independiente. De esta manera, de forma preventiva y esperando la resolución del juicio, el Rojo no recibirá ese pago por un plazo que podría llegar al año y medio.
Esta misma situación ya la sufre el club con otra de las compras indefendibles de esta dirigencia, que es la de Cristian Chávez.
Un papelón tras otro.